El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, considera que la nueva Ley 1/2018 de Medidas Urgentes para la Sequía supone un nuevo paso en la batalla por conseguir tarifas eléctricas más competitivas, al abrir la puerta a disponer de dos contratos en un mismo año con potencias diferentes.

Se da así respuesta, según esta Federación, a una demanda que el sector venía reclamando desde que en 2008 desaparecieran las tarifas especiales con la excusa de cubrir el déficit de tarifa.

En la citada Ley 1/2018 se añaden una serie de disposiciones finales relativas, entre otras cuestiones, a los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos, con las que se modifica la Ley del Sector Eléctrico.

Así, se contempla la posibilidad de que los regantes puedan firmar un contrato de temporada para los meses de máximo consumo y otro con una potencia mínima el resto del año para el mantenimiento de los equipos.

Esta medida, según Fenacore, evitaría pagar todo el año por un servicio que sólo utilizan durante la campaña de riego, lo que incrementaba injusta e innecesariamente el gasto en electricidad.

 

No obstante, los regantes han recibido esta normativa con cautela, pues aunque el nuevo marco regulatorio establece que los precios del término de potencia en principio no subirán, sí contempla posibles variaciones si la salud económica y financiera del sistema eléctrico lo requiere. En este sentido, pese a que la deuda del sistema eléctrico se redujo unos 2.000 M€ en 2017, sigue superando la abrumadora cifra de 21.000 millones.

Precisamente, añade Fernacore (www.fenacore.org), para tratar de cubrir este agujero en el sistema el término de potencia se ha incrementado en más de un 1.000% en los últimos ocho años, desde que desaparecieran las tarifas especiales para regadío, lo que ha provocado que el aumento medio de la factura de la luz para el regadío haya sido superior al 100% en este periodo. Esto ha llevado a que buena parte de los regadíos modernizados, que ahorran agua, pero demandan más energía, no sean económicamente viables.

 Un impulso a las renovables

Otra de las disposiciones adicionales que contempla esta nueva normativa es la que modifica la Ley de Economía Sostenible incorporando la voluntad por parte del Gobierno de sustituir las fuentes de energía convencionales por renovables, incluyendo instalaciones de autoconsumo en las extensiones agrarias.

Con esta modificación, también se pone sobre la mesa una reclamación histórica que venía haciendo Fenacore para promover y facilitar la producción de energía distribuida en zonas regables.

Concretamente, al apoyar al regadío y convertir el campo en la punta de lanza del desarrollo de las renovables, será más sencillo que España alcance los objetivos de autoproducción que marca Bruselas, máxime teniendo en cuenta que los regantes son los segundos mayores consumidores de energía sólo por detrás de ADIF, la entidad nacional de infraestructuras ferroviarias.

Con esta nueva ley, añade Fenacore, se abre también la posibilidad a que de forma excepcional se pueda rebajar el conocido “impuesto al sol” para los consumidores estacionales, una nueva disposición en la Ley del Sector Eléctrico que, aunque valorada por los regantes, resulta insuficiente.

De hecho, los regantes venían pidiendo una revisión en profundidad del Real Decreto de Autoconsumo que al eliminar por completo este gravamen variable en función de la energía auto-producida a las instalaciones de más de 10 kilowatios de potencia permitiera realmente impulsar la producción entre los medianos y grandes consumidores.

Según Del Campo, “desde Fenacore llevamos años de negociaciones a alto nivel para poner en marcha medidas que ayuden a levantar un escenario tarifario más competitivo, ya que el sistema actual penaliza a los consumidores estacionales. Con esta nueva ley vemos la voluntad política con pequeños pasos hacia lo que consideramos justicia eléctrica”.

 ASAJA-Sevilla

 La organización agraria andaluza, ASAJA Sevilla (www.asajasevilla.es) mostró también satisfacción por la “luz verde” que da la Ley 1/2018 a los regantes para que puedan contratar dos potencias eléctricas a lo largo de un año en función de las necesidades de agua del cultivo, una demanda con una  década de  historia, como indicó Eduardo Martín, secretario general de esta organización.

 Para Martín, “es una medida necesaria, muy demandada y que ayuda a reducir el disparate tarifario eléctrico, que ha supuesto un incremento desproporcionado de los costes de los regantes”.

En 2008 se suprimieron las tarifas reguladas de riesgo y se pasó a los regantes al  libre mercado, lo que provocó sólo en cuatro años unas subidas acumuladas de las tarifas del 230%. Ese mismo año, el Ministerio de Agricultura adoptó un paquete de medidas con un fondo de 55 M€ para compensar de estos incrementos.  Pero, según ASAJA Sevilla, en estos diez años se ha producido un aumento de los costes del 300%, cuando el 40% de los costes de los regantes derivan del coste energético.

 ASAJA-Sevilla venía planteando que se reconociera el carácter estacional del regadío, que hace necesario una elevada potencia  para bombear agua en los meses de la campaña de riego, normalmente de mayo a septiembre, una potencia más baja para el resto de tiempo.

Fuente: Agronegocios