El Libro Verde de la Gobernanza del Agua va camino de sufrir el mismo destino que el Pacto Nacional por el Agua. Es decir, quedarse en un proyecto. Si bien, desde el Ministerio para la Transición Ecológica confirman que durante los meses de verano se ha seguido avanzando en reuniones con los agentes sociales, una vez que en septiembre terminen estas consultas, los plazos para contar con un documento definitivo se difuminan. La situación política del país no ayuda, y la materialización de este proyecto dependerá de la capacidad de Pedro Sánchez para formar un nuevo Gobierno. Según indica Fernando Morcillo, presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, “queda mucho por hacer y trabajar para preparar un soporte racionalizado y veraz, que debería ser el objetivo del Libro Verde, para que sirva de base para enfrentar un futuro Pacto Político de carácter estatal, social o como se le quiera titular”. Y continúa: “Vivimos en un momento delicado en la consecución de consensos políticos a nivel nacional”.

Por el momento, el Libro Verde es una recopilación de las propuestas para mejorar la gestión de este recurso en España, con las que casi todos los implicados están de acuerdo. La excepción son los regantes, que a través de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, se oponen a la revisión de tarifas que se apunta en los ejes temáticos que se han establecido en el documento. En ellos se ha definido la necesidad de que las tarifas reflejen la estructura de costes y que sean proporcionales al consumo de agua, por ejemplo, con tarifas binómicas que tengan en cuenta el consumo y que estén encaminadas a reducir este para cualquier uso del agua, y que se fijen tarifas por módulos volumétricos a todas las concesiones y cobrar por el volumen concedido. “La legislación española ya está adaptada al principio de recuperación de costes que pide la normativa europea, la Directiva marco del Agua, siendo necesario aplicarlo de forma correcta”, indica Andrés del Campo, presidente de Fenacore.

El camino recorrido para dar con un Libro Verde solo recoge el diagnóstico de la situación actual, identificando retos, y las propuestas de distintos agentes sociales, pero no hay directrices a seguir. “Son propuestas de algún participante”, explica Morcillo, “por tanto de parte, que no han sido todavía mínimamente debatidas”. De la misma opinión es Laura Sánchez, gerente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, quien apunta que “se parte de un buen diagnóstico acerca de cuál es la situación actual de la gestión del agua y cuáles son los principales retos pendientes en cada aspecto temático y recoge propuestas que pueden ayudar a resolverlos”.

11 ejes temáticos

El trabajo realizado por el momento ha señalado 11 ejes temáticos -frente a los 12 de un primer documento de abril- que suman más de un centenar de propuestas de los distintos participantes en los foros.

Estos ejes no dejan ningún ámbito relacionado con la gestión del agua fuera, e incluyen desde la reforma legal de la legislación del agua, en la que pide que se simplifique y armonice la normativa actual y se reforme la Ley de Contratos del Sector Público, por ejemplo, “que podría no ser coherente con la legislación actual”, señala Morcillo; hasta la reforma del régimen concesional, con peticiones como que se adapten las concesiones a los recursos realmente disponibles, lo que tendría impacto principalmente en el regadío ya que entre otros puntos se incluye “frenar el crecimiento de la superficie regada y redimensionar el regadío actual condicionado a la disposición hídrica real”.

Las competencias también son objeto de múltiples peticiones en varios de los ejes temáticos. Uno de ellos está destinado a la reforma y fortalecimiento de la administración del agua, en el que se incluye una mayor colaboración entre las distintas administraciones y dotarlas de mayores recursos, y se propone la gestión de una agencia única encargada de la administración del agua con visión a largo plazo. En este sentido, y en otro eje temático, el destinado al ciclo urbano del agua, se recoge la creación de un regulador nacional único para la gestión del ciclo integral del agua urbana.

El ciclo urbano del agua cobra una doble importancia en el documento, con dos ejes que diferencian la regulación del ciclo integral del agua urbana y la gestión del ciclo integral en pequeños municipios. “El reconocimiento de las diferencias existentes entre las realidades de las grandes y pequeñas poblaciones conduce a la necesidad de poner en marcha mecanismos de solidaridad para una mayor equidad en los esfuerzos necesarios para mantener y renovar las infraestructuras”, destaca la gerente de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Fuente: Teresa Jiménez. El Economista