Las administraciones públicas avanzan hacia una modernización basada en la simplificación y agilización de los procedimientos, un proceso que busca acercar la gestión pública a la ciudadanía con mayor eficacia y transparencia. En esta línea, Castilla-La Mancha, ha impulsado un proyecto de decreto que persigue reforzar la eficiencia de la Administración regional y mejorar la calidad del servicio público.

El texto plantea la regulación de las entidades colaboradoras de la Administración regional, concebidas como personas jurídicas autorizadas para prestar apoyo en tareas técnicas y de verificación documental, así como en la emisión de informes y certificaciones. Estas entidades, debidamente inscritas en el Registro General de Entidades Colaboradoras, no sustituirán las funciones públicas, sino que actuarán como instrumentos de apoyo operativo, contribuyendo a la agilidad y eficacia de los procedimientos administrativos.

El decreto detalla los requisitos de autorización, los procedimientos de inscripción, las obligaciones y responsabilidades de las entidades colaboradoras y el régimen de control, inspección y sanción. Asimismo, incluye disposiciones específicas aplicables a los distintos ámbitos materiales recogidos en la Ley 4/2025, de 11 de julio, que consolida el marco jurídico de la modernización administrativa en la región.

Sin embargo, el proyecto plantea una limitación importante: la autorización se restringe exclusivamente a personas jurídicas, dejando fuera a los profesionales que ejercen como autónomos, entre ellos muchos ingenieros e ingenieras agrónomos que colaboran habitualmente con la Administración regional en la elaboración de informes, certificaciones y verificaciones técnicas.

Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete se observa con interés la evolución de esta norma, que podría tener implicaciones directas en el ejercicio profesional libre. La colaboración público-privada es clave para avanzar en la modernización del sector público, pero resulta esencial que este proceso se desarrolle sin excluir a los profesionales cualificados, cuya experiencia y compromiso constituyen un valor añadido para la gestión pública y el desarrollo sostenible de Castilla-La Mancha.

A continuación adjuntamos el texto del proyecto de Decreto.

Desde el COIAAB presentaremos alegaciones al mismo, en particular la que corresponde al requisito de que las empresas que pueden solicitar la autorización sean exclusivamente como persona jurídica. 

El periodo de alegaciones está abierto hasta el  6 de noviembre de 2025

Te invitamos a que nos envíes tus aportaciones a stecnico@agronomosalbacete.org antes del 3 de noviembre, y que además, presentes tu aportación de manera particular [AQUÍ]

alt El relato del buen hacer. Por Baldomero Segura