El Consejo de Ministros del martes 5 de noviembre ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
La norma tiene por objeto contribuir al restablecimiento de la normalidad de las zonas afectadas y la adopción de algunas de las medidas contempladas por el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, en particular las del apartado segundo, como son determinados beneficios fiscales y medidas en materia de Seguridad Social.
Se aprueba así un primer paquete de medidas por importe de 10.600 millones de euros, destinadas a ayudar a los hogares, empresas, autónomos y ayuntamientos de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la DANA. Un listado que podrá ampliarse a otros municipios y CCAA, en función de las necesidades.
Entre las acciones, se incluyen ayudas directas a los ciudadanos y empresas, moratorias y exenciones fiscales, medidas en materia de seguridad social, líneas de avales, créditos ICO y ayudas a las administraciones locales, entre otras.
Ayudas directas a ciudadanos y empresas afectadas
Se cuadriplican las ayudas públicas previstas en el Real Decreto 307/2005 por el que se regulan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se establece el procedimiento para su concesión y se harán universales, con independencia de los umbrales de renta. En concreto, el Estado va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores.
Además, se van a transferir ayudas directas para las pymes y los trabajadores autónomos con domicilio fiscal en las zonas afectadas por la DANA por un valor total de 838 millones de euros. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de operaciones. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, estimándose una cifra de beneficiarios de 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.
Incapacidad temporal extraordinaria, prestación por cese de actividad y aumento del 15% del Ingreso Mínimo y pensiones no contributivas
Al mismo tiempo, se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos por la DANA, a las que se les garantizará el cobro del 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. Las pensiones por incapacidad permanente, viudedad y orfandad causadas por la DANA también se asimilarán a accidentes laborales y, por tanto, verán aumentadas su cuantía y mejoradas sus condiciones al calcularse en base a los ingresos totales del último año.
También se ha habilitado a aquellos autónomos que se hayan visto afectados la posibilidad de solicitar una prestación por cese de actividad que corresponderá al 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido el mínimo de 12 meses cotizados exigidos por ley para acceder a ella.
Asimismo, las personas que ya reciben el ingreso mínimo vital o pensión no contributiva las verán aumentadas en un 15% durante los próximos 3 meses, con la posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida, en función de cómo avance la situación.
Consorcio de Compensación de Seguros: indemnizaciones a familias y empresas
El Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, indemnizará a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo. Estas indemnizaciones serán un 20% superiores al valor de tasación de cada vehículo y se calcula que se alcanzará la cifra inédita de 3.500 millones de euros.
Línea de avales DANA por 5.000 millones de euros
Para complementar estas ayudas, el Consejo de Ministros ha aprobado la creación de una línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros. Esta nueva línea de avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permitirá a pymes, empresas, autónomos y, como novedad, a los hogares, acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Gobierno y en condiciones favorables para reequipar empresas, abrir negocios y reparar viviendas. Se ha aprobado un primer tramo de 1.000 millones de euros y se aprobará el resto hasta llegar a los 5.000 millones de euros.
Paquete de moratorias y exenciones fiscales
Se aprueba, además, un amplio paquete de moratorias y exenciones fiscales. Los ciudadanos de las zonas afectadas podrán retrasar el segundo pago de la declaración de la Renta 2023 al 2025, así como cualquier otro impuesto que tuviesen pendiente con la Agencia Tributaria. También, se conceden exenciones y reducciones en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) del ejercicio 2024 de los inmuebles dañados como consecuencia directa de la DANA. Tampoco tendrán que pagar las tasas de tramitación de las bajas de los vehículos en Tráfico, o la expedición de los documentos oficiales que hayan perdido. Se contempla también para las actividades agrarias una reducción de los índices de rendimiento neto para el año 2024 del método de estimación objetiva (módulos) del IRPF y el régimen especial simplificado del IVA, en relación con las explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada.
Adicionalmente, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de sus trabajadores, al menos hasta febrero de 2025 y se considerará este periodo como plenamente cotizado para futuras prestaciones. De igual forma, se incluyen aplazamientos y moratorias para las empresas de la zona no afectadas directamente y se darán facilidades en los pagos a la Seguridad Social, con la suspensión y ampliación de plazos.
Los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo, podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales.
Refuerzo de recursos financieros y humanos de las administraciones locales afectadas
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se declara “Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” al territorio damnificado como consecuencia de la DANA, que aplicará a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, incluyendo una serie de medidas para reforzar los recursos financieros y humanos de las administraciones locales afectadas.
En concreto, el Gobierno de España pagará el 100% de los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados por la DANA, financiando todas las acciones que tengan que ver con la retirada de lodo, escombros y enseres inservibles, el suministro de agua potable, la limpieza de las calles, y el alojamiento y manutención de los vecinos afectados. Además, el Estado pagará hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos y culturales. También se compensará por los impuestos municipales que van a dejar de percibir durante esta crisis y se ampliará su posibilidad de gasto con las inversiones financieramente sostenibles.
Al mismo tiempo, se van a reforzar los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad y se va a habilitar un Portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más sencilla y rápida posible. Igualmente, se van a abrir oficinas de refuerzo en los municipios afectados que apoyarán a los funcionarios locales a atender a la ciudadanía y acelerar los trámites burocráticos.
Comisión Interministerial y refuerzo de la cooperación con gobiernos autonómicos
Se crea una Comisión interministerial para la coordinación de las labores de reconstrucción entre todos los ministerios competentes y se abrirán canales de interlocución con el sector privado, los sindicatos, y la sociedad civil. A su vez, se ha adoptado una serie de mecanismos para fortalecer la cooperación bilateral con los gobiernos autonómicos afectados y, muy especialmente, el gobierno de la Generalitat Valenciana.
Solicitud del Fondo Europeo de Solidaridad
Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y se ha solicitado al Consejo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo Reglamento denominado RESTORE, para reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+ con el fin de dedicar parte de estos recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.
Más de 15.300 efectivos desplegados en la zona
El número de militares, policías nacionales y guardias civiles desplegados en la provincia de Valencia ha pasado de 7.300 a 14.898 efectivos, a su vez reforzados por 287 brigadistas forestales, un centenar de agentes aduaneros, 44 médicos forenses, 600 vehículos, y maquinaria especializada para el bombeo, la limpieza y el abastecimiento.
Se han distribuido 95.000 litros de agua embotellada y 18.500 raciones de alimento. Además, se ha logrado restablecer el suministro eléctrico del 98% de los hogares afectados, y el 68% de las líneas de telefonía dañadas. Han sido reparados 40 kilómetros de carreteras -incluida la rehabilitación de todos los carriles de la A-7 y la A-3 norte-, así como 74 kilómetros de vías ferroviarias, a lo que se suma la activación del servicio de media y larga distancia entre Valencia y Castellón, Tarragona, Teruel y Barcelona.
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